Cada empresa debe pagar sus deudas laborales

Cada empresa debe pagar sus deudas laborales

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Con la ley de reestructuración empresarial se suprimió un artículo del Código de Trabajo y se creó un fondo para financiar acreencias pensionales. A la sombra del articulado de la ley de salvamento de empresas, aprobada el año pasado por el Congreso, se reformó el Código Sustantivo del Trabajo y se le dio vida al fondo de financiamiento de pasivos pensionales.

El objetivo de la ley, llamada de intervención económica, es evitar que empresas viables que atraviesen por dificultades financieras terminen en concordatos o liquidaciones con consecuencias negativas para la producción y el empleo.

La iniciativa busca darle una solución económica a un problema económico, por lo que los acuerdos de reestructuración empresarial serán rigurosamente extrajudiciales. Sin embargo, con la introducción en los minutos finales del debate en Cámara y Senado de la derogación de la unidad de empresa contemplada en el artículo 194 del Código Sustantivo de Trabajo, la iniciativa perderá parte del apoyo que había logrado.

La eliminación de la figura de la unidad de empresa estaba contemplada en el proyecto de flexibilización laboral, que ha sido rechazado con vehemencia por los trabajadores. Además, el Gobierno se había comprometido a abordar este tema en la Comisión de Concertación Laboral.

La unidad de empresa, que es la unificación de capitales de personas jurídicas independientes que tienen un solo dueño o dependen de una casa matriz principal lo que puede considerarse un grupo económico obliga a responder por las acreencias laborales pasadas y futuras de los trabajadores que laboran en esas diferentes unidades económicas.

Para el ministro de Desarrollo, Jaime Alberto Cabal, la supresión de esta figura está estrechamente ligada al resto de la ley de recuperación empresarial, pues estimula a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, a participar

activamente en la salvación de una empresa, cuya suerte no esté amarrada a la de otra.

Se trata, insistió Cabal, de remover los obstáculos legales para la recuperación de empresas y la generación de empleo. En ese mismo sentido justificó la creación del fondo financiero de pasivos pensionales para empresas que se reestructuren, que se alimentará con recursos provenientes del Instituto de Fomento Industrial (IFI) y el Banco Colombiano de Comercio Exterior (Bancoldex).

Dicho fondo, adscrito al ministerio de Desarrollo, quedó facultado para emitir papeles de deuda que podrán ser adquiridos por los fondos privados de pensiones y cesantías.

Para acceder a esos recursos, se ha contemplado que las empresas deben tener una antigüedad no menor a 30 años, que produzcan bienes para el mercado interno y externo y que se comprometan a hacer reservas de carácter pensional.

Acuerdos extrajudiciales

El objetivo de la ley es que los acreedores internos y externos de una empresa que sea viable puedan llegar a un acuerdo que puede incluir la capitalización de pasivos para evitar su liquidación. Esos acuerdos son, por su esencia, extrajudiciales, es decir, no deben ser producto de la decisión de un juez, que es lo que sucede hoy con los procesos concordatarios.

En la discusión del acuerdo, se califican y gradúan los créditos y el promotor determina el derecho de voto de los acreedores, de manera tal que se corresponda con la cuantía de la deuda.

La noticia de la obtención del acuerdo, que deberá celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que se definan los derechos de voto, este debe ser inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio del domicilio del empresario.

El acuerdo de reestructuración podrá terminarse, entre otras causas,...

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