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Aprobada ley de inhabilidades

A través de la ley 821, el Gobierno fortaleció el mecanismo para impedir que autoridades locales y regionales vinculen laboralmente a familiares en las corporaciones que administran o dependen de ellas.

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En términos generales aumentaron restricciones en aspectos como grados de consanguinidad y afinidad. La excepción son los funcionarios en carrera administrativa.

Según la normatividad sancionada, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales no podrán contratar a sus cónyuges o compañeros permanentes.

La ley de inhabilidades, aprobada el pasado 10 de julio, también cobija a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de funcionarios regionales y locales.

Estas personas no podrán ser designadas como funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, ni de sus entidades descentralizadas.

Concretamente, están inhabilitadas para integrar juntas o consejos directivos, ser representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las empresas de servicios públicos, domiciliarios o de seguridad social.

La ley 821 también les impide ser contratistas del respectivo departamento o distrito y de sus entidades descentralizadas, tanto directa como indirectamente.

Cabe destacar que esta norma se aplica igualmente a la contratación por prestación de servicios.

Los nombramientos que se hagan en cumplimiento de normas vigentes sobre carrera administrativa son excepciones de esta legislación y están permitidos.

Antes y ahora

En términos generales, la ley inhabilidades que sancionó el Presidente Uribe se diferencia de la anterior normatividad porque amplía las restricciones para que gobernadores, diputados y demás funcionarios locales nombren, elijan o designen a familiares en ciertos cargos.

Sin embargo, a pesar de estos cambios, los principios sobre carrera administrativa se mantienen.

Germán Pabón Gómez, exprocurador delegado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia asegura que esta es una medida sana porque corta de raíz el nepotismo (Desmedida preferencia a parientes en concesiones o empleos públicos).

No obstante, este abogado explicó que si el objetivo real es acabar con la corrupción el verdadero foco deberían ser los millonarios contratos estatales.

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