Jerarca advierte que el país se juega mucho en la definición del régimen bananero en Europa y, por lo tanto, debe invertir en la defensa de los intereses.
¿Cuál estrategia seguirá el país en el lío bananero con la Unión Europea?
La estrategia tiene que ir enfocada en aspectos técnicos en el marco de la OMC. Hay argumentaciones jurídicas y económicas.
Lo que la UE tiene que demostrar es que con una tarifa de 230 euros por tonelada métrica, nosotros mantenemos al menos el mismo acceso global. Si no logra demostrar eso se establece que la tarifa es inapropiada.
¿Este arbitraje será la salida definitiva al problema?
El arbitraje no es la solución a todos los problemas. El árbitro en buena teoría tiene que pronunciarse si con el arancel de 230 euros se mantiene el mismo acceso o no.
El árbitro no tiene facultades para decir cuál es la tarifa apropiada. Cualquier cosa que pase de los 75 euros nos hace menos competitivos, porque países de África y el Caribe producen banano y no pagan arancel en Europa.
¿Cuáles argumentos expondrá Costa Rica?
Le corresponde a la UE demostrar que se mantiene el mismo acceso, pero nosotros obviamente no nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a demostrar que no se mantiene el acceso actual y que la metodología usada no es la adecuada.
La de diferencia de precios (Price Gap) que fue la que utilizó la UE, existe en el marco de la OMC, se empleó luego de la ronda Uruguay para converir en aranceles partidas que tenían trabas.
Pero no es posible extrapolar la aplicación de esa metodología al banano. Se necesita una que tome en cuenta los aspectos dinámicos del mercado.
No es sólo garantizar que vamos a mantener el volumen de acceso, sino el comportamiento del mercado de ahí en adelante al pasar a un régimen arancelario.
¿Qué van a hacer si creen que el arbitraje no es una solución?
Mantenemos las puertas abiertas al diálogo de manera informal buscando una solución negociada. No es tan simple como fijar un número o aplicar una receta. Hay que tomar en cuenta aspectos sociales y económicos.
¿Cuánto se dejará de exportar y cuántos empleos se perderán si el arancel es tan alto?
No tenemos estimaciones de impacto con esa precisión. Estamos abocados a la discusión. Cuánto afectaría a las exportaciones, cuánto perderíamos de mercado y en qué plazo: no se tiene la información para hacer afirmaciones.
¿Pero en general, cuál es el peligro para Costa Rica?
Ese es parte de los riesgos al entrar en arbitraje (que se llegue a la conclusión de que 230 euros es arancel adecuado).
Una situación de este tipo tiene consecuencias nefastas y echaría por tierra el esfuerzo de penetración a ese mercado.
En la práctica uno de los riesgos es que muchos árbitros se atreven a establecer rangos para el arancel y eso nos pone a nosotros en una situación muy compleja.
¿Cuáles serían la peor y la mejor situación para el país?
Imagínese que los árbitros pongan 230 euros. Ese elemento aunque no sea obligatorio ya fija una guía para una negociación.
Empezar con un techo de 200 euros sigue siendo para países como los nuestros como tratar de subir al Everest en patineta.Los mejores escenarios serían que se diga primero que 230 euros no garantizan el menos el acceso que se tiene ahora.
El segundo es que si se atrevieran a dar un rango de de impuesto de 50 a 75 o de 0 a 75 euros por tonelada sería muy favorable para nosotros.
¿Se contratarán servicios especializados para este caso?
De siete países, cinco acceden a los servicios del centro de asesoría legal de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Otros dos utilizan entes privados de asesoría legal.
Costa Rica considera oportuno y valora contratar un servicio legal privado que nos pueda dar un marco de referencia, para tener dos fuentes de información.
¿Cuál es el costo de esos servicios especializados?
Costa Rica no es miembro del centro de asesoría legal de la OMC. Para ingresar es necesario pagar una cuota.
Es posible para países en desarrollo en lugar de hacerse miembros usar los servicios, pero los costos son más elevados.
Estamos tratando de incorporarnos al centro, pues le servirá al país no sólo para banano sino también para cualquier otra disputa y que el costo se reduzca sustancialmente.
El centro cobra a los socios unos $10.000 por un caso como este.
La cuota de ingreso al centro son alrededor de $50.000. Ahí es donde está la ventaja, porque si el país no se incorpora la cuota en lugar de $10.000 costaría alrededor de $35.000.
Es mejor pagar esos $35.000 como abono para la incorporación del país y que ya quede como un activo nacional.
¿De dónde saldrá el financiamiento para esos servicios?
Ese es otro de los problemas. Se debe buscar el mecanismo por medio del cual se le pueda hace frente.
La junta directiva de la Corporación Bananera Nacional (Corbana) acordó ofrecer su colaboración en todos los sentidos y vamos a aprovecharla.
Marvin Barquero
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