En los últimos 50 años, los inversionistas siempre han tenido la seguridad de colocar su dinero en los bancos estatales debido a que el Estado garantiza esos depósitos.
Ahora, hay un proyecto que permitiría a los pequeños clientes de los bancos privados tener esa misma seguridad.
Algunos de los bancos privados que pertenecen a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pretenden deshacer el fondo de garantía que se creó para proteger a los pequeños inversionistas hace más de 20 años para crear una empresa afianzadora (propiedad de los bancos) con la misma función, pero con más recursos y de forma más técnica.
Actualmente, el fondo asciende a US$22 millones, pero no crece de forma sostenida, pues los bancos no le aportan recursos, por lo que no puede cubrir a todos los inversionistas de los bancos privados.
Pero, para pertenecer a la afianzadora, los bancos ahora tendrían que pagar una prima según el monto de los depósitos que tengan y su nivel de riesgo. De esta forma, se definiría un monto máximo de cobertura de los depósitos de los bancos y se aseguraría a todos los clientes hasta ese monto.
Así, la nueva empresa daría una mejor cobertura ante la eventual quiebra de un banco privado, aseguró el presidente de la ABC, Leonel Baruch.
El jerarca dijo que, desde hace mucho tiempo, el fondo de garantía no estaba cumpliendo con su propósito debido a su tamaño.
A la fecha, el fondo ha asumido las acreencias de más de 2.000 clientes en cinco quiebras bancarias.
No obstante, se supo que este plan no cuenta con el beneplácito de todos los miembros de la ABC, pues algunos sostienen que el fondo debe usarse para el fin que fue creado.
Polémica e historia
En los últimos dos años, el fondo de garantía ha estado envuelto en una polémica debido a las denuncias presentadas por el economista Vinzenz Schmack, quien defiende que es público. No obstante, tanto la Sala IV como la Contraloría General de la República, el departamento legal del Banco Central y la misma ABC han dicho que es un fondo privado.
En setiembre del 2005, Schmack entabló una demanda contra el Estado en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda para defender su tesis. Este tribunal dictó una medida cautelar recientemente en la que pide que los recursos del fondo sean considerados públicos.
El fondo surgió con la firma de los convenios de asistencia entre el Banco Central y la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID) entre 1982 y 1984. Con esos dineros, el Central abrió líneas de crédito a los bancos y estos dieron créditos a sus clientes.
En 1985, el Central estableció en el reglamento para definir la utilización de esos líneas que, de la diferencia entre la tasa que les cobraría a los bancos privados por esos dineros y la que estos cobren a sus clientes, se apartarían cuatro puntos porcentuales para crear el fondo. En 1989, el portafolio fue trasladado a la ABC.
Operación y críticas
Baruch explicó que el proceso de deshacer el fondo y crear la afianzadora sería simultáneo y la totalidad de los recursos del fondo se usaría para crear dicha empresa.
?No es que vamos a desmantelar el fondo y cada banco se va a llevar la plata. Es un solo proceso: se desintegra el fondo y en ese momento nace la afianzadora, señaló Baruch.
Mario Gómez, asesor legal de la ABC, explicó que no todos los 11 bancos privados que pertenecen a la ABC recibirán recursos del fondo, solo aquellos que participaron de las líneas que giró la AID.
Esa plata se devolverá proporcionalmente a los bancos que participaron (?fundadores?) según lo que invirtieron en aquel momento. Todavía no está claro cuáles bancos recibirán recursos y cuáles no.
Baruch explicó que los que no reciben recursos tendrán un aporte especial de los bancos ?fundadores? para que puedan comprar su acción común de la afianzadora sin tener que desembolsar dinero. Así, todos los bancos privados serán dueños de la afianzadora en partes iguales.
Baruch afirmó que esta propuesta obligará a los bancos a mejorar su estructura de riesgo, pues así pagarían una prima menor.
Este plan sería presentado y aprobado en la asamblea de socios de la ABC en los próximos meses. Por ahora, se sabe que los bancos BCT, Cuscatlán, BAC San José y Lafise están de acuerdo con la propuesta.
Empero, hay otros, como Banco Improsa, que tienen sus dudas. No fue posible obtener una opinión del presidente de esta entidad, Jorge Monge.
Sin embargo, El Financiero tiene copia de un estudio jurídico dirigido a Improsa y a cuatro bancos más que concluye que el patrimonio del fondo no puede usarse para fines distintos para los que fue creado.
Por su parte, el abogado Luis Ortiz ?quien lleva la demanda de Schmack? afirmó que la ABC no puede deshacer el fondo ni utilizar la plata para otro fin, pues no puede desobedecer la medida cautelar del Juzgado de Hacienda.
Agregó que si la ABC crea la afianzadora podría incurrir en fraude de simulación.
Mario Gómez señaló que la medida cautelar no los afecta, puesto que el fondo siempre ha cumplido con un fin público que es proteger el sistema bancario privado.
Édgar Delgado Montoya
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