Aumento del salario mínimo 2026: un análisis desde la empleabilidad y la informalidad

El debate sobre un posible aumento del salario mínimo hasta $1.800.000 (un alza cercana al 11%, según los anuncios del Gobierno) llega en un contexto fiscal tenso y con un mercado laboral que, arrastra una elevada informalidad. El núcleo del problema es dual: proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer la contratación formal ni la capacidad de las empresas para absorber costos laborales adicionales.  

 

Datos clave dentro de esta propuesta: 

 

• Propuesta de aumento: hasta 11%, lo que dejaría el salario mínimo cerca de $1.800.000. 

 

• Informalidad laboral (cifras tomadas del DANE): 55,2% de los ocupados en Colombia están en la informalidad; en zonas rurales la cifra asciende al 83%; en microempresas, 84,8%. 

 

 

• Testimonio experto: Fernando Arab (exsubsecretario del Trabajo de Chile) advierte sobre los riesgos cuando salarios suben por encima de la productividad cita la experiencia chilena donde un aumento salarial muy rápido coincidió con mayor desempleo. 

 

• Advertencia macro: deuda pública creciente y déficit fiscal que reducen el margen de maniobra del Gobierno. 

 

• Impacto sobre la empleabilidad: riesgos y canales de transmisión 

 

Aumento de costos para las empresas y presión sobre contratación formal 

 

Un incremento sustantivo del salario mínimo eleva el costo laboral directo (salarios, cotizaciones) y puede trasladarse como menor disposición a contratar formalmente, sobre todo en micro y pequeñas empresas que operan con márgenes estrechos. 

 

 

En escenarios donde la productividad no acompaña, las empresas enfrentan dos opciones: reducir plantilla, disminuir horas o tercerizar labores hacia esquemas informales o de menor protección laboral. 

 

Efectos sobre el empleo de entrada y los sectores vulnerables 

 

Los jóvenes, los trabajadores con baja experiencia y los ocupados en sectores de baja productividad (comercio informal, servicios provisionales, microempresas rurales) son los más expuestos. Si el costo de emplearlos formalmente sube, pueden perder oportunidades de primer empleo o transitar hacia el “rebusque”. 

 

Brecha entre salario y productividad 

Si el salario crece por encima del avance de la productividad promedio, se reduce la competitividad de ciertas actividades y se pueden producir ajustes que terminen dañando el empleo neto. El caso citado de Chile ilustra este riesgo cuando el crecimiento económico fue débil frente a aumentos salariales rápidos. 

 

 

Informalidad estructural como limitante de la política salarial 

 

Con más de la mitad de la fuerza laboral en la informalidad (según cifras del texto), cualquier política salarial que no vaya acompañada de incentivos efectivos para la formalización (reducción de costos no salariales, tributarios o regulatorios, y mayor cobertura de beneficios) tendrá alcance limitado y puede incluso empujar más trabajadores a permanecer fuera del sistema. 

 

Implicaciones para empresas y buscadores de empleo

 

• Empresas: deben evaluar el impacto del aumento en costos totales y planear mejoras en productividad (automatización parcial, reorganización de procesos, formación del talento) que permitan sostener niveles salariales más altos sin reducir empleo. 

 

• Trabajadores: en un posible escenario de ajuste salarial, hay que destacar competencias que aumenten la empleabilidad (habilidades técnicas, digitales y comportamentales), así como certificaciones que demuestren productividad, será clave para no quedar fuera de la contratación formal. 

 

¿Aún sin empleo? Esto puede cambiar tu suerte. 

 

• Política pública: el reto es diseñar paquetes complementarios subsidios temporales a la contratación formal, incentivos a la formación, facilidades para pequeños empleadores que mitiguen el choque inicial del aumento salarial. 

 

• Acompañar el aumento con políticas activas de productividad: capacitación orientada a resultados, programas de reconversión para sectores con baja productividad y apoyo técnico a microempresas. 

 

El aumento del salario mínimo es una herramienta legítima para proteger el ingreso de los trabajadores, pero su efectividad depende del entorno en que se implemente. En un país con altos niveles de informalidad y restricciones fiscales, un incremento sustancial sin medidas complementarias podría empeorar la empleabilidad, sobre todo para los grupos más vulnerables.  

 

 

Por ello, la discusión debe trascender la cifra nominal y centrarse en un paquete integrado: aumentos responsables, mejoras de productividad, incentivos a la formalización y políticas fiscales inteligentes. Solo así será posible conjugar justicia social y sostenibilidad económica sin sacrificar la creación de empleo formal y de calidad. 

 

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