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La aprobación de la Ley 2381 de 2024, que propone un Sistema de Protección Social Integral organizado por pilares (semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario), despertó muchas dudas entre trabajadores y empleadores sobre el manejo de las prestaciones laborales, en especial las cesantías. A continuación, te explicamos con claridad y fuentes oficiales, cuáles son los puntos centrales que debe conocer para tomar decisiones informadas.
¿Qué busca la Ley 2381?
La norma plantea una nueva arquitectura del sistema pensional orientada a ampliar coberturas y reorganizar aportes mediante varios pilares. El objetivo declarado es garantizar protección frente a la vejez, la invalidez y la muerte, con énfasis en principios como la universalidad y la solidaridad. El texto legal detalla la estructura de esos pilares y cómo se integran los componentes contributivos y no contributivos.
¿Se modificarán las cesantías?
Uno de los rumores más extendidos en redes fue que la reforma alteraría el destino o la administración de las cesantías como ahorro para vivienda, educación o desempleo. Los administradores privados de cesantías han sido claros: las cesantías no sufrirán cambios en su naturaleza ni en sus usos habituales; seguirán siendo un ahorro administrado por los fondos correspondientes para los fines ya conocidos. Así lo ha señalado, entre otros, el fondo Porvenir en sus comunicaciones públicas.
Régimen de transición: quién permanece en la Ley 100 de 1993
De acuerdo con la interpretación oficial y los materiales informativos de fondos y autoridades, los trabajadores que a la fecha de entrada en vigor cuenten con 750 semanas (mujeres) o 900 semanas (hombres) cotizadas, permanecerán en el régimen anterior (Ley 100 de 1993), con sus derechos y condiciones vigentes. Esto significa que no todos los afiliados pasan de inmediato a las nuevas reglas; existe una ventana de protección para quienes ya están muy avanzados en semanas cotizadas.
Estado actual: la entrada en vigencia y la situación jurídica reciente
Aunque la Ley 2381 fijó inicialmente la fecha del 1 de julio de 2025 como inicio de vigencia, la Corte Constitucional revisó el trámite legislativo y ordenó suspender la entrada en vigor por vicios de procedimiento, devolviendo el texto a la Cámara de Representantes para su nuevo trámite. En consecuencia, la implementación de la reforma está sujeta aún a decisiones judiciales y legislativas; por ahora, la Ley 100 de 1993 sigue rigiendo hasta que se despeje la vía legal.
¿Qué deben hacer trabajadores y empleadores ahora?
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No impulsar cambios automáticos en cesantías: si tu fondo te ha comunicado que las cesantías se mantienen, actúa con base en esa información oficial y no en rumores.
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Verifica tu situación individual: si tienes cerca o más de 750/900 semanas cotizadas, confirma con tu fondo (Porvenir, Colpensiones u otro) cómo te afecta el régimen de transición.
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Mantén comunicación con el área de Recursos Humanos: las empresas deben esperar guías oficiales antes de cambiar prácticas sobre prestaciones o contratos.
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Infórmese a través de fuentes confiables: prefiera comunicados de los fondos, Colpensiones, la Superintendencia Financiera o la propia Corte Constitucional antes que publicaciones no verificadas en redes.
La reforma pensional es un cambio complejo que busca reconfigurar la protección frente a la vejez, la invalidez y la muerte. No obstante, la información oficial disponible y las decisiones judiciales recientes apuntan a que las cesantías no serán eliminadas ni reconvertidas de manera abrupta, y que existe un régimen de transición para quienes ya llevan muchas semanas cotizadas. Mientras la situación jurídica se aclara, la recomendación práctica es informarse en fuentes oficiales y evitar decisiones laborales basadas en rumores.
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