Si has seguido de cerca la discusión económica más sensible de este inicio de año, sabrás que el panorama laboral acaba de dar un giro importante. El Gobierno Nacional decidió cerrar temporalmente el debate con la expedición del Decreto 0159 del 19 de febrero, una medida con la que fijó de manera provisional el salario mínimo mientras el Consejo de Estado define si el incremento del año pasado es legal o no.
Con esta decisión, se mantuvo el aumento del 23%, dejando el salario mínimo en $1.750.905. Aunque el propio Gobierno reconoció que, bajo los cálculos técnicos de siempre, el ajuste habría sido mucho menor, prefirió sostener el porcentaje que tanta polémica ha causado desde diciembre.
¿Por qué surge este nuevo decreto?
No es un capricho; la norma nació como respuesta a una orden judicial. El objetivo es darte a ti, a las empresas y a los trabajadores seguridad jurídica y garantizar que no haya interrupciones en los pagos mientras avanza el proceso de nulidad en el alto tribunal. Así que, por ahora, esa cifra se mantiene vigente hasta que haya un fallo definitivo.
¿Criterios técnicos o mandato social?
Lo más interesante del decreto es su motivación técnica. El Gobierno hizo una distinción clara que tú debes conocer:
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Parámetros tradicionales (Ley 278 de 1996): si solo se hubieran tenido en cuenta la inflación esperada, la productividad (0,91%), el crecimiento económico (2,9%) y la participación de los salarios, el aumento habría sido apenas del 13,6%.
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Criterios constitucionales: aquí es donde el juego cambia. El Ministerio del Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, defendió que limitarse a las matemáticas era insuficiente. Para ellos, el salario debe ser "vital y móvil", tal como lo ordena el artículo 53 de la Constitución.
El "Salario Mínimo Vital" según la OIT
El decreto incorporó un componente basado en los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La idea es que el salario no sea solo una cifra aritmética, sino una herramienta para:
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Garantizar una vida digna para el trabajador y su familia.
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Reducir las brechas de ingresos en el país.
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Fortalecer la demanda interna (que la gente tenga con qué comprar).
En resumen, el Gobierno sostiene que el salario mínimo es un instrumento social y distributivo, más allá de las variables macroeconómicas. Ahora, la última palabra la tendrá el Consejo de Estado, pero por el momento, tu referencia salarial sigue siendo la misma.
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