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La “Jornada de Inclusión Laboral con Beneficios Tributarios”, impulsada por el Ministerio del Trabajo, dejó en claro la magnitud del reto que enfrenta el país para garantizar empleo digno a los grupos más vulnerables. Las cifras expuestas por el ministro Antonio Sanguino 46 de cada 100 jóvenes tienen empleo; 29 de cada 100 adultos mayores; y solo 20 de cada 100 personas con discapacidad plantean una necesidad urgente de políticas y acciones concretas para ampliar las oportunidades laborales.
Un paquete de incentivos para ampliar la contratación inclusiva
En el marco de la jornada se anunció un conjunto de beneficios tributarios dirigidos a empleadores que contraten poblaciones priorizadas: jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y personas pospenadas. Estos incentivos buscan crear incentivos económicos claros para que las empresas incorporen a estos colectivos en sus plantillas y contribuyan a cerrar brechas históricas de acceso al empleo.
Entre los beneficios anunciados están:
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Deducción del 120% de los salarios en el impuesto sobre la renta para empleadores que contraten jóvenes menores de 28 años en su primer empleo.
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Rebaja del 200% de salarios y prestaciones sociales para quienes vinculen personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género.
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Descuento del 120% para la contratación de adultos mayores sin pensión.
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Progresividad en aportes parafiscales para la contratación de personas pospenadas, con mayores reducciones cuando el 60% o más de las vinculaciones corresponden a mujeres o personas transgénero.
Estas medidas combinan incentivos fiscales con una intención explícita: dinamizar la oferta laboral para colectivos que, según las cifras citadas por el ministro, enfrentan barreras estructurales para acceder a un trabajo digno.
Alianzas y coordinación institucional: un paso clave
Durante la jornada se formalizó la Alianza por el Empleo Inclusivo, una iniciativa que articula al Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Unidad del Servicio Público de Empleo y la Fundación Natalia Ponce de León. La alianza apunta a fortalecer la generación y protección del empleo digno mediante cooperación público-privada y acciones interinstitucionales, lo que es fundamental para escalar medidas exitosas más allá de programas aislados.
Retos y consideraciones para la implementación
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Las medidas anunciadas representan una oportunidad relevante, pero su impacto dependerá de varios factores prácticos:
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Efectividad de la difusión y acceso: las empresas deben conocer claramente los incentivos y los requisitos para acceder a ellos; de lo contrario, el potencial de las medidas se diluye.
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Sostenibilidad y control: es indispensable establecer mecanismos de seguimiento para evitar usos indebidos y asegurar que las contrataciones sean efectivas y conducentes a empleo digno y estable.
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Articulación con formación y empleabilidad: convertir contrataciones en inserciones laborales sostenibles requiere acompañamiento formación, adaptaciones razonables y procesos de inclusión que permitan la retención y el crecimiento profesional de las personas contratadas.
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Medición de resultados: definir indicadores claros (tasa de mantenimiento en el puesto, calidad del empleo, retorno económico-social) permitirá evaluar la efectividad de los incentivos y ajustar políticas.
Por qué estas medidas importan para la equidad y la productividad
El ministro Sanguino subrayó un punto esencial: el desarrollo económico y la consolidación del aparato productivo no son incompatibles con el trabajo digno y la garantía de derechos. Incentivar la contratación de colectivos vulnerables no solo responde a un objetivo social de justicia y equidad, sino que puede convertirse en una estrategia para ampliar la base de talento, diversificar equipos y, potencialmente, aportar a la productividad empresarial cuando se combinan con buenas prácticas de gestión y formación.
La jornada y los incentivos anunciados constituyen un avance en las políticas públicas de inclusión laboral en Colombia. Sin embargo, su verdadero alcance dependerá de una implementación eficaz: difusión, acompañamiento a empleadores, garantías de empleo de calidad y sistemas de evaluación que permitan corregir el rumbo cuando sea necesario. Si se logra articular estas piezas, las medidas tienen el potencial de transformar las oportunidades de empleo para juventudes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia y personas en proceso de reintegración social.
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