Decreto sobre servicios temporales: qué propone y por qué genera inquietud en el sector

Un borrador del decreto impulsado por el Gobierno y el Ministerio de Trabajo ha encendido las alarmas entre las empresas de servicios temporales (EST) en Colombia. Las restricciones propuestas pensadas para limitar el uso de contratos temporales han sido calificadas por el gremio como un riesgo para el empleo, en especial para la temporada alta de fin de año. 

 

¿Qué propone el decreto? 

Según el anteproyecto que circula en el debate público, las medidas más relevantes son: 

• Tope del 10 %: las empresas sólo podrían emplear hasta el 10 % de su plantilla bajo la modalidad de servicios temporales. En la práctica, una compañía con 100 empleados sólo podría tener 10 trabajadores vinculados por esta vía. 

 

• Freno a la rotación: cuando cese una misión temporal, la empresa no podría reemplazar al mismo trabajador ni trasladar la misma función a otro contrato temporal, lo que obligaría a contratar de forma directa en caso de necesidades permanentes. 

 

 

• Inspección y sanciones: el borrador contempla facultades de inspección laboral con consecuencias severas en caso de incumplimiento, incluidas medidas administrativas como la exigencia de vinculación directa, suspensión de actividades, terminación de contratos y multas que podrían alcanzar hasta 5.000 salarios mínimos en casos de reincidencia. 

 

Es importante subrayar que se trata, por ahora, de un documento borrador que ha sido motivo de debate entre Gobierno, gremios y observadores del mercado laboral. 

 

 

Reacción del gremio y número de empleos en riesgo 

Acoset, el gremio que agrupa a las empresas de servicios temporales ha mostrado su rechazo y ha advertido sobre el posible impacto en el empleo formal. Miguel Pérez García, presidente de Acoset, afirmó que estas compañías “generan empleo con todas las garantías de ley” y expresó preocupación por los efectos del decreto en la contratación estacional. 

 

De acuerdo con las estimaciones difundidas por el gremio: 

• Hasta 50.000 puestos temporales podrían verse en riesgo en la temporada navideña. 

• En el transcurso de un año, la afectación podría alcanzar hasta 500.000 empleos temporales. 

 

¿Qué implicaría para empresas y trabajadores? 

 

Las limitaciones propuestas tendrían consecuencias en varios frentes: 

• Para las empresas: reducción de la flexibilidad operativa para responder picos de demanda; necesidad de replantear modelos de contratación; aumento potencial de costos laborales si se obliga a transformar puestos temporales en permanentes; y mayor exposición a sanciones administrativas. 

 

 

• Para los trabajadores: incertidumbre sobre la disponibilidad de plazas temporales, que históricamente han sido una vía de ingreso al mercado laboral o de complementar ingresos en temporadas altas; y posibles cambios en la oferta de empleo si las compañías ajustan sus plantillas o procesos de contratación. 

 

El pulso entre regulación y formalización 

Por un lado, la intención del Estado de reducir prácticas que puedan precarizar el empleo temporal; por el otro, la preocupación empresarial por preservar mecanismos que permiten una respuesta ágil a la demanda y que, según el gremio, generan empleo formal con prestaciones. Las sanciones contempladas y la limitación porcentual son los elementos que más controversia provocan. 

 

¿Cuáles serían los pasos a seguir en este proceso?

 

• Evolución del borrador: si el documento avanza hacia su aprobación, habrá que analizar cambios en redacción, excepciones y plazos de transición. 

 

• Criterios de inspección: cómo se definirán las infracciones y cuál será la ruta administrativa para la imposición de multas o la exigencia de contratación directa. 

 

• Impacto sectorial por regiones y temporadas: sectores como comercio, logística y servicios temporales suelen depender de la contratación estacional; allí puede verse el efecto más inmediato. 

 

Recomendaciones prácticas  

Mientras se define el alcance final de la norma, conviene que actores clave tomen medidas proactivas: 

• Empleadores: revisar sus esquemas de contratación, documentar la justificación de usos temporales y diseñar planes de transición que cumplan la normativa si esta avanza. 

 

• Trabajadores: mantenerse informados sobre los cambios regulatorios y aprovechar canales de formalización y protección laboral. 

 

• Representantes del sector: participar activamente en la discusión pública para buscar soluciones que combinen protección laboral con viabilidad operativa. 

 

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