Tras el reciente freno del Consejo de Estado al decreto anterior de salario mínimo, el presidente Gustavo Petro ha lanzado una cifra que ha sacudido el tablero: $2’155.000 mensuales.
Esta propuesta no es solo un número; es el epicentro de una batalla legal y técnica que definirá cuánto recibirás en tu cuenta bancaria y cómo se moverá el empleo en el país durante este año.
El argumento del Gobierno: ¿Deuda histórica o realidad económica?
Para el presidente Petro, este valor representa el verdadero "salario mínimo vital". Su argumento se basa en una desconexión que, según él, viene ocurriendo desde 2002: mientras la productividad de los trabajadores ha crecido, sus salarios reales se han quedado rezagados.
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Productividad vs. salario: el Gobierno sostiene que se ha usado una fórmula equivocada para medir la productividad (la PTF), lo que ha perjudicado el crecimiento del ingreso de los hogares.
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La postura del Ministerio de Minas: Edwin Palma, ministro de la cartera, ha ido más allá, sugiriendo que el aumento debería ser incluso superior al 23% inicialmente planteado, invitando a la ciudadanía a defender esta postura.
El Consejo de Estado tiene la lupa puesta
A pesar del entusiasmo oficialista, el camino jurídico es espinoso. No se puede olvidar que el decreto anterior no se cayó solo por la cifra, sino porque no cumplió con los parámetros técnicos exigidos por la Ley 278 de 1996.
Expertos como Ivonne Aristizábal Rojas, directiva de Aristizábal & Rodríguez Legal Partners, advierten que el Gobierno camina por la cuerda floja. Si el nuevo decreto insiste en un aumento del 23% (o más) sin una justificación técnica que el tribunal acepte, se podría incurrir en un “desacato material”.
Los puntos que el nuevo decreto debe cumplir:
Para que el salario mínimo quede en firme y no vuelva a ser suspendido, el Gobierno debe explicar con total claridad cómo llegó a esa cifra basándose en:
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Inflación real y meta de inflación.
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Productividad laboral medida correctamente.
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Contribución de los salarios al ingreso nacional.
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Crecimiento del PIB.
¿Qué significa esto para los trabajadores o buscadores de empleo?
Si buscas empleo en 2026, esta incertidumbre es clave. Un aumento tan significativo como el propuesto por el presidente podría mejorar tu poder adquisitivo de inmediato, pero también genera dudas sobre la capacidad de las empresas para contratar nuevo personal formalmente.
Estamos ante un escenario inédito donde la política y la técnica legal están chocando de frente. El Gobierno tiene un plazo de ocho días para expedir el decreto provisional, y ese documento será el que determine si tu salario dará un salto histórico o si el pulso judicial continuará dilatando la decisión.
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